La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) ha presentado un Informe en el que contabiliza 144 informadores asesinados desde 1980 a 2015
Bajo el título “Impactos de la violencia contra periodistas en el marco del conflicto armado colombiano”, el documento señala que el periodismo regional ha sido el más afectado por la violencia, e identifica a los periodos más críticos para el ejercicio de la actividad periodística a lo largo del conflicto.
Entre los años 70 y 80, hubo un escalamiento de la confrontación armada que se reflejó en un aumento de violaciones a derechos humanos de la población civil; en este periodo, las judicializaciones, los asesinatos y el desplazamiento se configuran como los principales ataques contra periodistas.
Entre los años 80 y mediados de los 90, predominaron los asesinatos, estigmatización, censura, hostigamientos, amenazas, atentados a la infraestructura de los medios y estrategias de presión y cooptación de periodistas, así como el uso de la información como herramienta de la confrontación y el surgimiento de empresas de comunicación relacionados con actores armados legales e ilegales.
1989 y 1991 son los años en los que más asesinatos a periodistas se han registrado en Colombia (12 y 11 respectivamente), siendo Valle del Cauca y Antioquia los departamentos más impactados.
Finalmente, hacia finales de los años 90 e inicios de 2000, la violencia paramilitar se refleja en un segundo pico de asesinatos contra periodistas. Es preciso indicar que, aunque en la década de 2000 se redujo la cantidad de asesinatos, no necesariamente significa que haya habido un mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de prensa. Por el contrario, las amenazas y otras formas de obstrucción al trabajo periodístico se instalan como métodos.
Todos esos hechos configuraron daños sobre el derecho a informar y estar informado, que afectan estructuralmente a la democracia y a la sociedad civil; restricciones a la libertad de prensa como la censura y autocensura; posicionamiento de discursos por parte de estructuras de poder; desfiguración de la función social del periodismo; estigmatización a representantes de los medios y cierre de los mismos, exilios y desplazamientos, y una sociedad desinformada, informada parcialmente o mal informada sobre el conflicto armado colombiano.
También la parcela económica que afecta a los periodistas se ve afectada con la eliminación de la pauta publicitaria a los medios locales comerciales y comunitarios, y la consolidación de una estructura económica de los mismos que impide la pluralidad informativa.
Asimismo, la encuesta piloto ubicó como los principales actores de los atentados contra periodistas a los grupos paramilitares, las guerrillas y, en tercer lugar, directamente al Estado. También se evidencian casos de impunidad debido a la inoperancia del sistema de la Justicia en los procesos judiciales relacionados. Hasta la fecha, sólo se ha logrado la declaración de tres casos de violaciones a derechos humanos de periodistas como crímenes de lesa humanidad: los asesinatos de Guillermo Cano (1986), director del periódico El Espectador; de Eustorgio Colmenares (1993), director del periódico La Opinión de Cúcuta; y el secuestro y violencia sexual sufrido por la periodista Jineth Bedoya, del periódico El Tiempo, que ha logrado, a través de una denuncia pública y abierta, poner en evidencia los efectos diferenciados de la violencia hacia las mujeres periodistas.
Por lo tanto, según el informe, entre los desafíos centrales para la construcción del Plan Nacional de Reparación Integral a Periodistas se encuentra la apertura de un debate sobre la propiedad de los medios de comunicación, y la democratización y pluralidad informativa para que el ejercicio de la actividad periodística pueda ser libre, segura y cumpla la función social que le ha sido asignada. Hay que generar un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en el desarrollo del conflicto armado para replantear su papel en la actual fase de diálogo entre el Gobierno nacional y las insurgencias, y en perspectiva de un posible escenario de pos-acuerdos de paz.
Puede ver el informe completo aquí
