Reporteros Sin Fronteras rechaza la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, aprobada por el Congreso de los Diputados, por considerarla insuficiente para una democracia consolidada como la española. El texto final de esta norma, largamente esperado, nace en desacuerdo con los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública, asunto fundamental para los ciudadanos pero también para el ejercicio periodístico.
España ha dejado de ser el único país de la Unión Europea, de más de un millón de habitantes, desprovisto de una legislación de acceso a la información pública pero la manera en que ha salido de esta situación resulta impropia para un país miembro de la UE, que se supone obligado a velar por la excelencia en materia de derechos ciudadanos.
“La ley aprobada representa una auténtica oportunidad perdida de equipararnos a nuestro entorno europeo en materia de transparencia y acceso a la información pública”, ha lamentado la presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España, Malén Aznárez. “El resultado es una norma que olvida los principios más básicos de la verdadera transparencia informativa”, ha criticado. “No sólo no reconoce el derecho a la información de los ciudadanos como un derecho fundamental, sino que excluye mucha información pública y establece el silencio negativo de la Administración como respuesta”, ha explicado en firme desacuerdo con su contenido.
Malén Aznárez añade que “por si todo esto no fuera suficiente crea un organismo de revisión, el Consejo de Transparencia, que no es independiente en el ejercicio del derecho a la información, que queda supeditado a la discrecionalidad de la Administración”. La presidenta de RSF-España, ha lamentado que la ley “quede tan lejos de los estándares internacionales de las sociedades democráticas”.
Reporteros sin Fronteras suscribe el comunicado de la Coalición Pro Acceso, a la cual pertenece, y en el que la federación de entidades por la transparencia informativa enumera las principales deficiencias de esta ley: no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, tal y como ocurre a nivel internacional; no afecta a todos los poderes del Estado; excluye muchos tipos de información pública; al establecer el silencio negativo, algo excepcional en el derecho administrativo español, fomenta la inactividad administrativa ante las solicitudes de información; crea un organismo de revisión que no es independiente y que no tiene poder vinculante, y no establece ninguna sanción relevante por ocultar la información.
