El periodista turcosueco Hamza Yalçin cumple su cuarta semana de prisión en Barcelona y el escritor turcoalemán Dogan Akhanli permanece en libertad provisional, en Madrid

Reporteros Sin Fronteras pide al Gobierno español que evite a toda costa la extradición del periodista sueco Hamza Yalçin y del escritor alemánDogan Akhanli, ambos de origen turco, si el régimen de Recep Tayyip Erdogan solicita formalmente su extradición a España, para lo que dispone de un plazo de 40 días, a contar desde la detención de cada uno.
Yalçin fue detenido por la Policía española el pasado 3 de agosto, en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, en cumplimiento de una orden de Interpol cursada por la Justicia turca en 2016, y posteriormente fue encarcelado en la prisión de Can Brians 1 por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado sustentó su decisión en la falta de arraigo del periodista en España y desestimó el recurso de los abogados de Yalçin, atendiendo al “riesgo de fuga” esgrimido por el fiscal.
Las acusaciones que el Tribunal Correccional de Ankara lanzó a Interpol en contra de Yalçin fueron las siguientes: haber formado parte de la organización terrorista THKP-C y ser crítico con el régimen de Erdogan en la revista Odak, con la que colabora. La Justicia turca condena estos presuntos delitos con 22 años y seis meses de prisión.
Acusaciones de terrorismo son también las que llevaron al escritor turcoalemán Dogan Akhanli a ser detenido por la policía española en Granada, el pasado 19 de agosto, cuando se encontraba en su hotel. Sobre el escritor pesaba, al igual que sobre Yalçin, una orden de Interpol por presunta pertenencia a la organización terrorista THKP. Además, Akhanli está en el punto de mira del régimen de Erdogan por ser un firme defensor de la memoria y los derechos de los armenios en Turquía.
El escritor alemán ha tenido mejor suerte en la Audiencia Nacional que su compatriota Yalçin: el juez Fernando Andreu decretó libertad provisional para Akhanli, con retirada de pasaporte y obligación de fijar temporalmente su residencia en Madrid y de presentarse a firmar semanalmente en el juzgado.
RSF España cree poco probable que una eventual demanda de la Justicia turca pueda prosperar ante la Audiencia Nacional, porque varios de los delitos imputados por Ankara son incompatibles con las legislaciones española, sueca y alemana, y porque sostener con rigor los crímenes que se adjudican a ambos requeriría pruebas, no meras acusaciones. Además, los convenios de extradición europeos prohíben la entrega a manos del país demandante, en caso de que peligre la integridad del detenido y/o no le aguarde un juicio justo.
Sin embargo, si finalmente la demanda de extradición fuera cursada, RSF considera que el Gobierno, que tiene la última palabra, debería evitarla a toda costa. “Ni España, ni ningún país miembro de la Unión Europea debe colaborar, siquiera involuntariamente, con el régimen de Erdogan. Está claro que el presidente turco ha dado un paso más en su guerra sin tregua contra los medios de comunicación: perseguir a los periodistas refugiados en Europa, sirviéndose de Interpol y de los convenios de extradición”, afirma Macu de la Cruz, presidenta en funciones de la organización.
Con más de un centenar de periodistas en prisión y decenas de grupos mediáticos, canales de televisión, emisoras de radio y revistas cerradas por el régimen de Erdogan, Turquía se sitúa en el puesto 155 de los 180 países analizados por RSF, en su última Clasificación Mundial de la libertad de prensa. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.