Informe elaborado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) con motivo del día mundial contra la impunidad de los crímenes a periodistas, que se celebra el 2 de noviembre
En medio de una espiral de violencia y crímenes contra la prensa, los Estados deben cumplir urgentemente sus compromisos y obligaciones de proteger la seguridad de los periodistas (incluso en zonas de conflicto) y poner fin a la impunidad de los crímenes contra la prensa, ha afirmado el Instituto Internacional de Prensa (IPI) en el Día para Terminar con la Impunidad que se celebra el 2 de noviembre.
En las últimas tres décadas, la asombrosa cifra de 1.600 periodistas han sido asesinados en el ejercicio de su trabajo, lo que convierte al periodismo en una de las profesiones más peligrosas del mundo. Sólo en una pequeña fracción de los casos –sólo uno de cada diez, según estimaciones de la UNESCO– los responsables de estos crímenes enfrentan la justicia.
Estas estadísticas resaltan el alarmante fracaso de los Estados a la hora de respetar y hacer cumplir las obligaciones previstas en el derecho internacional y otros acuerdos que garantizan que los crímenes contra periodistas sean investigados y procesados plenamente.
Reiteramos que los Estados tienen el deber bajo el derecho internacional de investigar los ataques contra periodistas de manera rápida, exhaustiva e independiente, y de procesar a los responsables. Esta obligación está bien establecida en instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, así como en numerosos protocolos y resoluciones de las Naciones Unidas , que exigen a los Estados proporcionar reparación efectiva para los abusos de derechos humanos.
Hace un año, en noviembre de 2022, representantes de los estados miembros de la ONU se reunieron en Viena para reafirmar públicamente sus compromisos de proteger la seguridad de los periodistas y se comprometieron a tomar medidas concretas para abordar la impunidad de los crímenes contra la prensa. La reunión se celebró para conmemorar el décimo aniversario del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, un acuerdo alcanzado por los Estados, a instancias de la sociedad civil, para desarrollar un marco claro y coordinado para abordar Amenazas que enfrentan los periodistas.
Un año después, estas promesas no han producido ninguna acción o cambio demostrable , mientras la situación de tantos periodistas en todo el mundo se ha vuelto aún más terrible. Los índices de impunidad siguen siendo inaceptablemente altos, a medida que aumentan los ataques, la violencia y las amenazas contra la prensa.
Mientras la guerra y los conflictos armados hacen estragos en muchas partes del mundo –incluidos Gaza, Ucrania, Haití, Etiopía, el Sahel y Yemen– enfatizamos que la obligación estatal de investigar los crímenes contra periodistas no desaparece en una zona de conflicto. Por el contrario, las autoridades están legalmente obligadas en virtud del derecho internacional y del derecho internacional humanitario a garantizar la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en situaciones de conflicto armado. Un ataque deliberado contra un periodista durante una situación de conflicto armado constituye un crimen de guerra y debe ser investigado como tal.
IMPUNIDAD: AVANCES NULOS O INSUFICIENTES EN 11 CASOS CLAVE
En 2022, el IPI marcó el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas destacando 11 casos de periodistas que han sido asesinados o han desaparecido durante la última década, sin que las autoridades rindan cuentas.
Estos casos fueron elegidos para ilustrar lo raro que es que los Estados siquiera investiguen los asesinatos de periodistas, y las investigaciones que comienzan a menudo luego se estancan o carecen de la independencia y transparencia necesarias. Los procesamientos son aún más raros. Los juicios suelen ser onerosos y excepcionalmente lentos, y a veces duran años. Los procesados suelen ser los asesinos a sueldo, mientras que los responsables últimos de planificar y orquestar estos crímenes con demasiada frecuencia eluden la justicia.
Si bien la policía y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en algunos países pueden beneficiarse de la capacidad técnica y el apoyo de investigación, el principal obstáculo para la justicia en los asesinatos de periodistas es a menudo la falta de voluntad política. A menudo esto se debe a que la verdad que surgiría de una investigación completa y transparente implicaría a quienes están en el poder, amenazaría los intereses políticos o económicos creados o derribaría sistemas corruptos.
No se han logrado avances en seis de los 11 casos que destacamos en 2022. Esto incluye el caso de la heroína mundial de la libertad de prensa del IPI, Shireen Abu Akleh , la reconocida corresponsal de Al Jazeera asesinada a tiros durante una incursión militar israelí en Cisjordania en 2022 ; Shan Dahar , periodista paquistaní asesinado a tiros por la espalda en 2014 tras informar sobre la venta no autorizada de medicamentos; Ahmed Hussein-Suale, periodista de investigación asesinado en Ghana en 2019 tras ayudar a revelar la corrupción en el fútbol africano; Jamal Khashoggi, asesinado y desmembrado en el consulado saudí en Estambul por orden de altos funcionarios sauditas en 2018; Ibraimo Mbaruco, reportero de Rádio Comunitária de Palma, desaparecido en abril de 2020 mientras cubría el conflicto en Cabo Delgado, en el norte de Mozambique; y Regina Martínez Pérez , una respetada reportera criminal mexicana estrangulada hasta la muerte en su casa en 2012.
Los avances se han estancado o son insuficientes en los cinco casos restantes: el caso de Christopher Allen, un trabajador independiente británico-estadounidense asesinado en Sudán del Sur en 2017 ; Daphne Caruana Galizia, destacada periodista de investigación y bloguera que a menudo informaba sobre corrupción de alto nivel, que fue asesinada por un coche bomba cerca de su casa en Malta en 2017; Giorgos Karaivaz, un reportero policial griego asesinado en Atenas en 2021; Ján Kuciak , periodista de investigación que cubre corrupción y fraude fiscal y que fue asesinado en las afueras de Bratislava, Eslovaquia, en 2018; y Gauri Lankesh, periodista y editor indio que fue asesinado a tiros en Bangalore en 2017.
