Estos profesionales dedicados a la docencia en asignaturas de lenguas y afectados ahora por la aplicación de la normativa de 2010, pasan por situaciones familiares complicadas e instan, una vez desbloqueado el proceso, a llegar a un acuerdo firme lo antes posible

Tras la reunión celebrada hace unas semanas entre la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete, y la Plataforma de periodistas afectados por el cambio de normativa de Educación con representantes de la Consejería de Educación, el colectivo afectado califica de “logro” que los compañeros que trabajan en centros privados o concertados antes de septiembre de 2015 mantengan sus puestos de trabajo, pero piden instrucciones por escrito, de inmediato, para hacerlo oficial. “Creemos en la buena voluntad de la Consejería, pero le pedimos que redacte por escrito a todos los Inspectores de referencia que los periodistas que impartían clase hasta la entrada en vigor del Real Decreto 665/2015, podrán seguir haciéndolo sin trabas, pues muchos de estos inspectores no transmiten la tranquilidad y estabilidad que promete la Junta”.

Asimismo, piden una solución inmediata para los periodistas que fueron contratados tras la entrada en vigor del RD y los que cursaron y están cursando el Máster público de Profesorado con posterioridad, y que esperan poder optar a incorporarse a centros privados y concertados como el resto de estudiantes que aprobaron la especialidad en Lengua y Literatura o están en posesión de titulación oficial de idiomas. “No entendemos por qué un profesional con la misma formación que los que fueron contratados antes de 2015 ya no es apto para desempeñar el mismo trabajo”, comentan, “exigimos un acuerdo en el Parlamento para volver a las condiciones que el colectivo tenía en 1995, de forma transitoria hasta que se modifique el Real Decreto”.

Para los periodistas que han sido evaluados con informe negativo por su titulación, sin posibilidad de réplica y cumpliendo los mismo requisitos que otros compañeros, exigen compensaciones. Para aquellos que comenzaron a trabajar antes de 2015 y que cambien de centro, piden que los derechos adquiridos sean respetados, para así evitar vacíos que puedan provocar nuevos despidos.

El Consejo Escolar Estatal ya se pronunció en contra de esta discriminación y recomendó, en un dictamen elaborado en 2015, la necesidad de volver a incluir a los periodistas como profesores de lenguas y así lo recordaron también los representantes del CPPA y la Plataforma en la reunión que mantuvieron con el Ministerio en el mes de marzo.

La Plataforma agradece el apoyo incondicional del Colegio de Periodistas de Andalucía, así los Colegios Profesionales de Periodistas de Galicia, País Vasco, Cantabria, Murcia, Rioja, Castilla y León y Cataluña, las asociaciones de la prensa de Andalucía, las Asociaciones de la Prensa Navarra y Cantabria, la FAPE y las Facultades de Comunicación de las Universidades de Sevilla y Málaga, que han ratificado su apoyo al colectivo y suscrito la carta dirigida al Ministerio instando la modificación del Real Decreto, así como a las distintas organizaciones sindicales que lo apoyan. Valoran además la voluntad de diálogo de los partidos políticos regionales y su afán por desbloquear la situación, ya que todos los partidos con representación en el Parlamento Andaluz les han mostrado su apoyo explícito.

CARTA AL MINISTERIO

El Colegio de Periodistas ha dirigido esta misma semana una carta al ministro de Educación exponiendo la situación y reclamando la modificación de la normativa estatal básica de forma que se vuelva a habilitar la titulación para impartir las clases, como venía sucediendo antes del RD de 2015. El escrito ha sido respaldado por todos los Colegios Profesionales, la FAPE y las asociaciones de la prensa andaluzas, junto con las facultades de Sevilla y Málaga que imparten estas titulaciones y que suscribieron la petición que se dirigió en primer lugar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por su parte, la decana del CPPA ya ha solicitado una nueva reunión con la inspectora general de Educación para abordar el desarrollo del acuerdo adoptado en la reunión mantenida con el secretario general de Educación y Formación Profesional de la Junta, Manuel Alcaide con vistas al próximo curso y para garantiza que la programación recoja con garantías la titulación en Periodismo.