Desde la Asociación de la Prensa de Cádiz y la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía en esa provincia expresan su malestar por las alusiones al ejercicio del trabajo periodístico plasmadas en el auto de la jueza del Juzgado número 3, en el que dictamina el sobreseimiento y archivo de la causa contra el alcalde por sus declaraciones

“Vaya por delante –afirman las organizaciones profesionales gaditanas en un comunicado- nuestro respeto total a la decisión judicial, como no podría ser de otra manera. Suya es la competencia de juzgar si se dieron o no las circunstancias para poder catalogar como injurias o calumnias aquellas palabras. Son los jueces quienes están habilitados para hacerlo; en ellos recae la responsabilidad de calificar los hechos.

La responsabilidad de los periodistas es otra. Es la de contar lo que sucede, difundir la información que pueda resultar de interés a la ciudadanía y explicar la actualidad. Esto implica también dar cuenta de los enfrentamientos políticos y los cruces de reproches que demasiadas veces protagonizan la actualidad política. En los casos en los que las críticas a la gestión realizada tienen como objeto un caso del impacto social que tuvo el corte de agua en Loreto, la cobertura está más que justificada. Los medios simplemente trasladaron lo que recogían unos informes técnicos oficiales y las conclusiones que los actuales gestores municipales sacaron de ellos. Lo irresponsable habría sido ocultar lo que se hizo público en aquella comparecencia”.

“Y sí, no es una tarea fácil –prosigue el comunicado-. A veces sentimos la presión de la hora de cierre, de ser los primeros, de dar la exclusiva, de tener que enfrentarnos a asuntos de una complejidad técnica que nos obligan a hacer un esfuerzo de comprensión. Incluso a veces procuramos plasmar un titular que llame la atención del lector. Pero pese a la complejidad que todos estos condicionantes implican, tenemos, por delante de todo, el objetivo de la verdad y la honestidad.

Por encima de diferencias editoriales, el relato ofrecido por los medios de comunicación sobre el asunto que aborda el auto es prácticamente unánime. Más allá de matices de estilo o del énfasis otorgado a la información, los hechos coinciden. No hay discrepancias en las versiones. Resultaría cuanto menos curioso que todos los periodistas hubieran ‘tergiversado’ o ‘manipulado’, como el auto achaca a los medios, en la misma dirección.

El auto apunta también lo complicado de establecer un catálogo de buenas prácticas en el ejercicio del periodismo. Pero no es así. Puede que no exista un catálogo que recoja toda la casuística, pero sí una serie de normas que rigen el código deontológico que todo profesional de la información debe cumplir y por cuya transgresión puede ser apercibido.

Por el texto del auto puede parecer que la jueza señalara que nos encontramos ante un caso de menoscabo del honor como consecuencia de una mala praxis periodística. Si ese hubiera sido el caso, habría sido denunciable. Sin embargo, ninguna de las partes implicadas parece haberlo considerado así. Es más, en un acto previo de conciliación los querellados confirmaron que lo que se dijo en aquella jornada ‘quedó fielmente reflejado en todos los medios de comunicación’.

Por todo lo anterior, insistimos en nuestra molestia ante un texto que, de forma totalmente gratuita, incluye una serie de prejuicios sobre el periodismo que nada tienen que ver con la argumentación jurídica.

Por último, queremos llamar la atención sobre la situación de indefensión en la que quedan los compañeros que difundieron la información aludida en el auto y que, al contrario de las partes implicadas, no han tenido ocasión de ofrecer su versión sobre unos hechos de los que ahora se les achaca responsabilidad.