La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) demanda la inmediata libertad del periodista peruano Paul Segundo Garay Ramírez, recluido en un centro penitenciario desde hace dos meses, por considerar que ha encarcelado sin contrastar debidamente las pruebas presentadas en la querella interpuesta por difamación el titular del Ministerio Público del departamento de Ucayali.
El hecho de que un periodista esté en prisión por una querella por difamación evidencia la necesidad de adecuar el ordenamiento legal peruano a lo que dicta la doctrina mundial que prescribe al ámbito civil todo proceso emprendido por presunta difamación. Para la FEPALC, lo importante es resarcir el derecho al honor lesionado y no centrarse en el castigo al periodista.Continuar penalizando el delito contra el honor significa perseguir criminalmente a las personas y periodistas por razón de sus expresiones y opiniones, lo que resulta absurdo en una sociedad moderna, donde la libertad de expresión y opinión debe imperar en un Estado democrático y de Derecho.
Para la FEPALC la sentencia contra el periodista Garay Ramírez es desproporcionada, desmedida e inhibitoria, más cuando se trata de un proceso en el que se encuentra incurso un funcionario público que por su cargo, se encuentra expuesto al escrutinio y a la crítica ciudadana. Blindar a quienes desempeñan funciones públicas constituye un atentado al principio de igualdad de todos ante la ley e impone una cultura del silencio desfavorable al ejercicio periodístico que atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía. La propia Organización de Estados Americanos (OEA) precisa que las libertades de información y opinión son los mecanismos principales de los que se vale la la sociedad para ejercer un control democrático frente a las autoridades.
En razón a ello, la FEPALC acompaña en todas sus acciones a su afiliada, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que ha iniciado una campaña gremial para lograr la libertad de Paul Garay Ramírez y realiza un llamamiento público al titular del Poder Judicial peruano, Dr. César San Martín Castro, para que invoque una correcta administración de justicia donde no se criminalice la crítica y se respete el debido proceso sin excesos.
