La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Obra Social del Personal de Prensa de la República Argentina (OSPRA) han conseguido, después de intensas gestiones, que las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires levantara la prohibición sobre su sede que desde el pasado martes 24 de mayo había sido clausurada. A partir del pasado jueves 26 de mayo, la FATPREN dispondrá de 10 días para realizar las correspondientes reclamaciones, aunque sobre el local sigue vigente la prohibición de realizar actividades en las que se incluya música en directo.

Desde la federación porteña se mantiene que este cierre no posee ninguna justificación legal sin comprender, como afirman sus portavoces, por qué se aplican las condiciones establecidas para discotecas o salas de fiestas a la sede de una entidad sindical, por lo que aluden a un acoso conjunto de las instituciones gubernamentales de la ciudad. Desde la FATPREN se hace referencia a los avisos previos recibidos desde la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA) de que habían sido objeto de intimidaciones por parte de inspectores locales, así como de las reivindicaciones de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación (COSITMECOS) que se opuso al intento de criminalizar las protestas sindicales, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante las sedes de los medios de comunicación en el país.

Desde la FATPREN aseguran que tomarán las medidas judiciales y administrativas necesarias para garantizar el derecho de reunión de los trabajadores en el sector y continuar la lucha por la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la prensa. La Federación ha querido agradecer las múltiples muestras de solidaridad recibidas desde distintas plataformas profesionales del país, así como de otros países en América Latina.

Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España se critica sin paliativos esta irrupción y la clausura de los locales de la FATPREN, así como el comportamiento de los inspectores que lo llevaron a cabo, sin mandato judicial y ejerciendo la violencia sobre los miembros presentes en el momento de la entrada a la sede el pasado martes. Desde la FAPE se apoya la defensa de un ejercicio periodístico libre y sin presiones por parte de las instituciones gubernamentales como garante fundamental para la vida democrática de cualquier país.