La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) sostiene que las actuaciones de los medios de comunicación, en relación al artículo 20 de la Constitución Española, deben ser interpretadas por los tribunales y no por el Ejecutivo, por cuanto éstos garantizan la independencia de las decisiones y evitan dictámenes interesados.
La FAPE rechaza la multa de 100.000 impuesta por el Ministerio de Industria a Intereconomía y recuerda a la Subdirección General de Medios Audiovisuales la existencia de figuras como el derecho de rectificación (LO 2/1984), concebidas para este tipo de situaciones.
Con todo, esta Federación recuerda a los medios de comunicación que el artículo 6.3 de su Código Deontológico obliga a los profesionales de la información a “evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral”.
