En 2013 ya alertaba de su colisión con el derecho a la información, pidiendo por carta una reunión con el ministro del Interior http://ow.ly/OYNWG. En 2014, la Asamblea General de la Federación aprobó por unanimidad una resolución contra esta norma que hoy, 1 de julio, entrará en vigor

La resolución fue presentada por la Asociación de la Prensa de Madrid y en ella se instaba al Gobierno a modificar cualquier apartado del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pudiera conducir a limitaciones de derechos fundamentales, como el derecho a la información o a la libertad de expresión.

En concreto, la FAPE rechazó en su resolución el apartado que sanciona el uso de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que “atenten gravemente contra su derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen” o “pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación”.

Asimismo rechazó la sancionabilidad de “las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos, cuando no constituyan delito”.

La Asamblea General de la FAPE acordó instar al Gobierno para que retirara del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana las normas mencionadas, modificando cualquier otro apartado  que pudiera conducir a limitaciones de derechos fundamentales como el derecho a la información o a la libertad de expresión.

Y, para el supuesto de que el Gobierno no modificara el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en el sentido solicitado, decidió instar a los grupos parlamentarios a que soliciten y promuevan, en el trámite parlamentario de la Ley, la retirada de todo lo que limite o pueda limitar los derechos a las libertades de expresión y de información.

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