La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) insta al Gobierno mexicano a que investigue las nuevas amenazas de muerte que ha recibido la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho, y se encuentre y juzgue a sus responsables.

La FAPE respalda la carta enviada por la Fundación Lydia Cacho al presidente de la República de México, Felipe Calderón, en la que se denuncia que la respuesta del Estado mexicano ante las amenazas “ha estado marcada por la dilación y la falta de investigación de los hechos”.

El pasado 14 de junio, la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho, recibió nuevamente amenazas directas de muerte. Una recibida en el e-mail de la Fundación Lydia Cacho, otras directamente en México. Todas denunciadas, tanto en España como en México. Las amenazas realizadas vía telefónica y correo electrónico hacen referencia al trabajo que como periodista viene realizando, lo que indica el riesgo al que continúa enfrentándose y la persecución y vigilancia a la que se ve sometida. A pesar de ello, la respuesta del Estado mexicano ha estado marcada por la dilación y la falta de investigación de los hechos.

Lydia Cacho fue galardonada el pasado año con el I Premio Internacional de Periodismo Manu Leguineche, convocado por la Diputación de Guadalajara y la FAPE, en colaboración con la Federación Internacional de Periodistas (FIP)y la Asociación de Periodistas Europeos (APE).

El jurado destacó sucapacidad para ejercer el periodismo de una forma “valiente y decidida”, en un contexto de hostigamiento e indefensión, “promovido en algunos casos por instituciones oficiales”.

La FAPE reitera una vez más que el periodismo libre e independiente, como el que ejerce Lydia Cacho, es un pilar fundamental de la democracia. La Asociación de la Prensa de Madrid y la FAPE le concedieron sendos carnés de asociada: el 7.038 y el 26.397, respectivamente. Esos números acreditan la condición de periodista que los poderosos han querido arrebatarle haciendo uso de métodos legales e ilegales. “Para mi país, decir la verdad es delito”, ilustró la interesada al recibir las credenciales.

Consecuentemente, aquellos gobiernos quenose esfuerzan en investigar las amenazas de muerte y los asesinatos de periodistas están debilitando la democracia y los derechos de los ciudadanos,en un vacío de poder que aprovecha la criminalidad organizada para ocupar el territorio e imponer su ley.

Para firmar la petición pública, acceder al siguiente enlace:

http://actuable.es/peticiones/pide-adecuada-respuesta-al-estado-mexicano