Fotografías: Paco Laínez.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), han pedido una reunión con el ministro del Interior para abordar “posibles discrepancias” con el borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ya que creen que pueden colisionar con el derecho constitucional a la información.
En la carta, firmada por los presidentes de las tres organizaciones: Elsa González, Mariano Rivero y Víctor Lerena, se señala que han conocido “con sorpresa y preocupación” el citado borrador, en el que algunos artículos “pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para los editores que publiquen estos contenidos “.
“Teniendo en cuenta que estamos hablando de un borrador, que también estará sometido a dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, le pedimos una reunión, con el fin de poder abordar posibles discrepancias y lograr que se modifique esta propuesta inicial en beneficio del trabajo de los profesionales y de los medios de información así como de los ciudadanos, que son los destinatarios del mismo”, concluye la misiva.
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID SE PRONUNCIA ANTE LA REFORMA
La Asociación de la Prensa de Madrid rechaza que se puedan imponer sanciones por grabar o difundir imágenes de policías durante la cobertura de manifestaciones, disturbios o alteraciones del orden público.
Dichas coberturas son una parte importante del interés informativo de los medios y de los ciudadanos, por lo que cualquier intento de sancionarlas vulneraría los derechos a la libertad de expresión y de información.
Los periodistas y los medios sabemos cuándo la difusión de unas imágenes puede poner en peligro la seguridad de un policía o el éxito de una intervención policial, como hemos demostrado en más de una ocasión. Por lo demás, hay abundante y suficiente jurisprudencia en nuestro país para resolver los casos en que se atenta contra los derechos al honor y a la imagen de las personas.
LA FIP APOYA A LOS PERIODISTAS ESPAÑOLES
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), por carta de su secretaria general, Beth Costa, señala su inquietud por los detalles más controvertidos que contiene el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que prepara el ministerio de Interior de España.
En esa carta al responsable de ese departamento ministerial, Jorge Fernández Díaz, responsable de los asuntos policiales, Beth Costa le expresa su desacuerdo sobre aspectos precisos, como las limitaciones a los derechos de expresión,libertad de prensay manifestación. También comparte la inquietud de los periodistas españoles y de sus organizaciones afiliadas a la FIP, que han pedido una reunión urgente al ministro para expresarle sus críticas y su oposición al polémico proyecto de ley.
Ésta es la versión, traducida en español, del texto de la carta enviada por la Secretaria General de la FIP al ministro Fernández Díaz:
“Bruselas, 21 de noviembre de 2013
Estimado señor Fernández Díaz, estimado ministro:
Por nuestros afiliados en España, hemos sabido del proyecto de ley que prepara su departamento sobre seguridad ciudadana.
Tenemos que manifestarle nuestro desacuerdo con las limitaciones, que propone dicho proyecto de ley, de algunos derechos democráticos tales como las protestas públicas y manifestaciones que se acerquen a determinadas instituciones (el parlamento, por ejemplo). Asimismo tenemos dudas sobre la posibilidad de que la policía declare “zonas de seguridad” en casos en que los manifestantes se acerquen a los domicilios de ciertos políticos.
En los dos años anteriores, a través de los medios de comunicación internacionales, hemos sabido que esa clase de protestas han sido frecuentes en España, especialmente debido al aumento del malestar social causado por los recortes presupuestarios -las llamadas reformas- que decidieron determinadas instancias internacionales y su propio Gobierno. Reunirse y manifestarse en las calles es para la gente -y así debería seguir siendo- un comportamiento normal propio de nuestras sociedades democráticas.
Pero lo que más nos alarma, como periodistas, es su intención de proponer sanciones y castigos para los medios, los fotógrafos y los periodistas si su trabajo tiene algún impacto, o provoca “daños” morales o físicos, a los policías o fuerzas de seguridad. Según la prensa española, las multas en casos así pueden ascender hasta 600.000 euros. A este respecto, apoyamos a nuestras organizaciones afiliadas en España (FAPE, FeSP y FSC-CCOO) que consideran inconstitucional dichas proposiciones de su ministerio.
Pensamos que son absolutamente desproporcionadas y pueden crear inseguridad jurídica para fotógrafos, reporteros gráficos, periodistas y también para los editores, que se limitan a ejercer su oficio en lugares públicos y en asuntos de interés público.
Esperamos que acepte reunirse con los representantes de las citadas organizaciones de periodistas para escuchar sus quejas sobre el polémico proyecto de ley, que aún deben aprobar su Gobierno y su Parlamento.
Cordialmente,
Beth Costa
Secretaria General de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)
