La Asociación de la Prensa de Mérida (APM) considera inadmisible e incompatible con la libertad de expresión la retirada, secuestro o cualquier tipo de censura sobre cualquier medio de comunicación, al entender que con ello se socava gravemente ese derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española. Es inaceptable para la APM que se haya procedido, por tanto, a la retirada del semanario gratuito Voz Emérita, editado en la capital autonómica, de sus puntos habituales de distribución.

Desde esta asociación profesional entendemos que, si cualquier medio de comunicación transgrede la ley mediante sus escritos u opiniones, debe recaer sobre el autor o autores la responsabilidad judicial, pero de ningún modo secuestrando la publicación como se hacía en tiempos políticos ya pasados.

Los límites a la libertad de expresión quedan perfectamente recogidos en el texto constitucional, especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Pero al mismo tiempo, reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, sin que el ejercicio de estos derechos pueda restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Por otra parte, la APM quiere hacer pública también su disconformidad con la actual Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), recientemente reformada, que obliga a los medios de comunicación audiovisuales, tanto públicos como privados, a realizar informaciones electorales con tiempos prefijados para cada partido con arreglo al resultado de las anteriores elecciones.

Es preocupante la creciente tendencia de los partidos políticos a controlar las informaciones que generan, especialmente en periodo electoral. El punto culminante de estas prácticas, que la APM rechaza de plano, es el artículo 66.2 de la reforma de la LOREG, que instaura bloques electorales minutados en todas las televisiones, algo que limita caprichosamente el ejercicio del periodismo.

Los profesionales tienen que recuperar la capacidad de decidir qué es noticia y cuánto tiempo se dedica a ella, por lo que los partidos políticos deben respetar el criterio de los periodistas a la hora de desempeñar su trabajo.

Además, los profesionales de la información han de disfrutar de acceso libre y sin restricciones a los actos de campaña, permitiéndoles una cobertura libre mediante texto e imágenes propios, y que los responsables políticos abandonen las ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas o las declaraciones enlatadas de actos donde se impide el libre acceso de cámaras e informadores.