La Dirección de Informativos del Ente Público ha elaborado un comunicado en referencia a la apertura de un expediente sancionador al periodista Óscar González, trabajador del canal “24 horas”.

El comunicado dice así:

“La Dirección de Informativos de TVE es la primera interesada en defender la libertad de expresión. Consideramos que ésta es un derecho básico e irrenunciable en una sociedad democrática. Nunca se ha limitado desde esta Dirección el derecho de crítica de los trabajadores hacia las decisiones editoriales.

Subrayamos que la redacción de TVE es una de las que más garantías representativas tiene para defender su independencia, el Consejo de Informativos ejerce una labor de vigilancia que nos sitúa en la vanguardia de los medios españoles. Además de los informes del citado Consejo,  viene siendo práctica habitual que los redactores utilicen el sistema informático a modo de canal de opinión y debate. El uso de este sistema, habitual en los últimos años, no está regulado en la normativa interna pero nunca se ha limitado porque resulta enriquecedor para la Dirección y para los trabajadores conocer el punto de vista de sus compañeros.

Ahí es donde se producen las expresiones que han dado lugar a la polémica. El redactor Óscar González acusó a los directivos de Torrespaña de ser corruptos, lo que en los tiempos que corren es una acusación muy grave. Lo hizo a través de un silogismo incompleto que no daba lugar a dudas. Son los directivos, que no la Dirección, los que entienden que han sido inaceptablemente insultados, atribuyéndoles, sin prueba alguna, un delito que causa rechazo social y repugnancia profesional. Conviene recordar que los directivos son  trabajadores, se han sentido insultados gravemente y han comunicado esa circunstancia a la Dirección de Recursos Humanos.

El convenio colectivo recoge el derecho de todos los periodistas de la casa, sea cual sea su cargo, a no ser agredidos verbal o físicamente. Corresponde ahora a los órganos de control interno de RTVE decidir si las expresiones vertidas son o no un insulto y debe o no ser sancionado. Pedir la retirada de la investigación abierta por la empresa es tanto como pedir a los trabajadores que renuncien a sus derechos.

El redactor investigado no ha visto socavado ningún derecho profesional en tanto que no tiene derecho a atentar contra la honorabilidad de sus compañeros. Lleva tres años dirigiendo un programa sin que pueda decir que se le ha limitado en modo alguno su labor  y el expediente abierto no tiene nada que ver con el trabajo que desempeña de un modo impecable y con unos niveles de calidad aceptables.

El asunto por el que se enfrenta a una posible sanción tiene que ver con la convivencia y el respeto, no es la primera vez que insulta a sus compañeros y se la ha pedido reiteradamente que deje de hacerlo. Antes de “corruptos” llamo a los directivos “estafadores” y “delincuentes”.  En aras de la buena convivencia, precisamente, lo que se pide es encauzar la crítica legítima dentro de los límites de la dignidad y la buena educación”.