La organización periodística coruñesa entiende que nunca el insulto, la amenaza o el matonismo pueden tener cabida en una sociedad de derecho

 La Asociación de la Prensa de La Coruña (APC) celebra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña por la que se condena a dos usuarios de determinada red social por serias y reiteradas amenazas a tres periodistas de La Voz de Galicia.
La sentencia, dictada por la jueza María Francisca Justo Vicente, condena a Alberto Rama García, propietario de la cuenta de Twitter @aramag21; y a Miguel Chouza Fidalgo, usuario de la cuenta @cochomono de la citada red social, como responsables de una falta de amenazas a los tres periodistas aludidos, a quienes deberán indemnizar conjunta y solidariamente.
La sentencia se refiere a una serie de publicaciones amenazantes e incitadoras a la violencia que fueron realizadas por los condenados con la finalidad de intimidar a los compañeros periodistas ”los cuales se vieron coartados en su libertad ambulatoria”, según reza literalmente el texto de la misma.
En el caso de uno de los condenados, se suma su participación en una concentración de ultras desarrollada frente a la puerta 0 (la de acceso de la prensa) del estadio de Riazor, en la que se pronunciaron consignas amenazantes e injuriosas contra los denunciantes y otros periodistas.
La sentencia deja asimismo probado que en torno a los tres denunciantes se creó un clima de violencia, como se evidencia con la aparición de pegadas en farolas, semáforos y edificios con el texto “wanted, o Dépor non se toca máis”.
Asimismo queda probado que se enviaron cartas anónimas a alguno de ellos, que además recibieron llamadas molestas en sus domicilios particulares y se colocaron pegatinas en los portales que dan acceso a los mismos.
La APC insiste una vez más que la libertad de información y opinión está consagrada en el artículo XX de la Constitución; que son los Tribunales de Justicia los encargados de corregir los desvíos que en ese ámbito se pueden producir, y que en ningún caso el insulto, la coacción o el matonismo pueden tener cabida en una sociedad de derecho.