Como entidad defensora de los derechos civiles, reitera su oposición a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, norma que esta semana ha demostrado en la capital gaditana sus lamentables efectos

Para la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), la detención de un ciudadano tras serle requerida su documentación mientras contemplaba el monumento a la Constitución de 1978 es, cuanto menos, paradójica. Al margen del resultado de la investigación policial y de la denuncia que el propio afectado ha presentado ante los juzgados, ambas versiones -también la de los agentes policiales- coinciden en que la documentación le fue requerida simplemente por la sospecha o posibilidad de que fuera a cometer un delito. Esta posibilidad, amparada por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, puede dar lugar a detenciones arbitrarias y no justificadas.

Esta no es la única consecuencia de la Ley Mordaza. La APC recuerda que esta normativa colisiona también con otros derechos constitucionales, como el fundamental derecho a la información o con la libertad de expresión, y crea inseguridad jurídica tanto a periodistas como a reporteros gráficos y editores. Entre sus medidas está, por ejemplo, la posibilidad de sancionar por grabar o difundir imágenes de los cuerpos de seguridad durante la cobertura de disturbios o alteraciones del orden público.