La sede de la Asociación de la Prensa en Madrid ha sido escenario de una mesa redonda convocada por el Observatorio de la Presunción de Inocencia en la que participaron el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el subdirector general del Ministerio del Interior, José Manuel Pérez; el presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, Manuel Núñez Encabo y la abogada Rosa Bedregalbajo, bajo la moderación de Elsa González, presidenta de la FAPE. El Observatorio de la Presunción de Inocencia es una iniciativa de la Fundación Fernando Pombo, la Fundación Wolters Kluwer y el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid.

En la presentación de la mesa, Elsa González aseguró que vivimos en un mundo dominado por lo mediático y que es preciso hacer compatible el derecho del ciudadano a estar informado, que consagra la Constitución, con la presunción de inocencia, con una tutela judicial efectiva al honor, a la intimidad y a la imagen de un eventual imputado o encausado. “El efecto de la información sobre la opinión pública crea prejuicios que es preciso calibra”.

La presidenta de la FAPE hizo también referencia a la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Nosotros entendemos que insten a evitar, por todos los medios, las filtraciones, pero no comprendemos ni compartimos una decisión que puede entorpecer, a nuestro juicio, la democracia. Aunque insistimos en la responsabilidad de los periodistas y de los medios a la hora de hacer públicas informaciones de este tipo, por eso nosotros apostamos por la autorregulación, a través de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE”, explicó.

El juez y presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, apuntó que la solución para que no se produzcan juicios paralelos pasa por la «educación cívica». Juanes destacó la necesidad de distinguir entre los juicios paralelos que pueden suponer un mero seguimiento por parte de los medios de los casos más llamativos pendientes de resolución judicial, de las campañas organizadas a favor o en contra de la culpabilización de personas determinadas”.

La abogada del Despacho Castrillo Abogados y Economistas, Rosa Bedregal, coincidió con Ángel Juanes. «Se trata de aplicar sentido común y educarnos como ciudadanos para no engullir esa información que generan», según Bedregal. La abogada denunció que las informaciones en los medios sobre determinados casos sub judice despiertan auténtica adicción (como el de Asunta) y llamó la atención sobre las motivaciones económicas que pueden estar detrás de los juicios paralelos.

El subdirector general del Gabinete Técnico de Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Pérez, señaló el esfuerzo de la Policía para regular su relación con los medios de comunicación, recordó la publicación en mayo de este año de un Código Ético para el Cuerpo Nacional de Policía, y destacó la función de sus portavoces, únicos interlocutores autorizados oficialmente para trasladar información a la prensa. «Algunos miembros de sindicatos de la Policía que dan detalles de una investigación judicial se amparan para ello en el derecho de libertad sindical, lo cual es censurable».

Por su parte, Manuel Núñez Encabo, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), reclamó el deber de todos de cumplir con la preservación del secreto sumarial, y sostuvo que la obligación del periodista es informar con veracidad, pero con límites, ponderando otros bienes que se puedan ver lesionados.