Critica el comunicado emitido por el órgano colegial condenando las intenciones anunciadas por el Gobierno de Rajoy de tomar el control directo de los medios de comunicación públicos catalanes, y pide la dimisión de la decana, Neus Bonet, y la convocatoria de elecciones

El Colegio de Periodistas de Cataluña ha hecho público el siguiente comunicado el pasado 21 de octubre:

“El Colegio de Periodistas de Cataluña, una corporación de derecho público que reúne a más de 4.000 profesionales, condena de manera contundente las intenciones anunciadas por el Gobierno español, con el apoyo de otros partidos de la oposición, de tomar el control directo de TV3, Catalunya Ràdio y la ACN bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

El Colegio de Periodistas considera que intervenir los medios públicos titularidad del Gobierno de la Generalitat es un ataque directo sin precedentes a la democracia y a la libertad de expresión, un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cuestiona de manera intolerable e inadmisible la profesionalidad de TV3 y Catalunya Ràdio. Además, la intervención de TV3 y Catalunya Ràdio es también una vulneración del derecho a la información, un pilar básico para la democracia, ya que estos medios son puntos de referencia inequívocos para la sociedad catalana. Como el Colegio de Periodistas ya alertó hace unas semanas, ninguna situación, por excepcional que sea, ha de comportar un paso atrás en la libertad de expresión o de información”.

Ante este comunicado, “fuera de lugar y que divide a la profesión periodística”, el Grupo de Periodistas Pi i Margall quiere hacer las siguientes consideraciones:

1º) No hay mayor ataque a la democracia y a la libertad que un gobierno autonómico desafíe las normas de convivencia que rigen a un país democrático como España. El Colegio de Periodistas de Cataluña no tuvo una actitud tan rotunda para denunciar la peligrosa deriva totalitaria que se desprendió de las sesiones del Parlament del 6 y el 7 de septiembre de 2017 en el que se vulneraron los derechos de los partidos de la oposición y se ignoraron los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y de los letrados de la cámara catalana.

2º) La aplicación del artículo 155 de la Constitución no es fruto de un ataque deliberado a ningún derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que es el intento de restaurar la legalidad de un país democrático, España, en una parte de su territorio, Cataluña, en el que su gobierno autonómico ha vulnerado la Constitución. Postura que es apoyada por el más selecto club de democracias del mundo, la Unión Europea, tal y como se pudo comprobar en la última cumbre comunitaria celebrada hace unos días.

2º) Es altamente sospechoso un comunicado de tal dureza sin que la decana del Colegio, Neus Bonet, que es una profesional destacada de uno de los medios afectados, Catalunya Ràdio, se haya inhibido. Si lo ha hecho, no se ha detallado en dicha nota. Se supone que la decana representa los intereses de los colegiados, y aquí queda claro que algunos de ellos puedan pensar que usa el colegio para defender sus intereses profesionales particulares.

3º) La afirmación de que TV3 y Catalunya Ràdio “son puntos de referencia inequívocos para la sociedad catalana” es inexacta, por no decir exagerada. En todo caso sería para “parte de la sociedad catalana”, dado que su pérdida de credibilidad, debido a un buen número de comportamientos que vulneran su teórica misión de servicio público, los ha convertido en los medios de la porción nacionalista de la sociedad catalana.

4º) El Gobierno de España es un Ejecutivo que tiene sus contrapesos y controles democráticos, por lo tanto una posible intervención de TV3 y Catalunya Ràdio no comportaría un paso atrás en la libertad de expresión o de información. Al contrario, podría significar un avance dado que el Gobierno de Junts pel Sí, tal y como han denunciado profesionales, sindicatos y partidos de la oposición, han presionado a profesionales y dirigido los contenidos de estos medios para satisfacer sus intereses partidistas. La aplicación del artículo 155 no es un cheque en blanco para el PP, dado que tanto PSOE como Ciudadanos han acordado apoyar esta medida y, por lo tanto, supervisarán su ejecución.

Por todo ello el Grupo de Periodistas Pi i Margall inicia la campaña “El Colegio de Periodistas no habla en mi nombre”, en la que pide a los colegiados que no estén de acuerdo con este comunicado, ni con la línea de actuación que ha seguido su junta directiva en los últimos años, de total complicidad con Gobierno de Junts pel Sí, que envíen un correo a info@pimargall.org para mostrar su adhesión a este manifiesto.

El Grupo pide:

1º) La dimisión de la decana, Neus Bonet, y la convocatoria inmediata de elecciones en el Colegio de Periodistas de Cataluña.

2º) La presentación de una candidatura inclusiva que no utilice el Colegio de Periodistas de Cataluña para defender intereses partidistas.

3º) Instaurar lazos formales de colaboración y cooperación sincera y leal con el resto de entidades de toda España que representan a la profesión periodística, sobre todo con la FAPE.