Estará dirigida tanto a los medios de comunicación como a los profesionales, para que “contribuya a la prevención y rápida resolución de los casos de desapariciones, el rigor y la calidad de la información y el respeto a los derechos de las personas implicadas”
Emelina Fernández, presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha recordado que este organismo ya realizó una guía con recomendaciones para el tratamiento informativo de la violencia de género, y ha asegurado que con estas iniciativas el Consejo persigue “procurar un ejercicio responsable del derecho a la información, que respete tanto la ley como los principios deontológicos del periodismo”. “Cómo órgano regulador, en el Consejo nos preocupa que los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares estén garantizados”, ha aseverado.
El protocolo recoge también el compromiso de la Fundación QSD de canalizar a través de la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA) del Consejo Audiovisual de Andalucía todas las quejas y reclamaciones que reciba en relación con el tratamiento informativo dado a las personas desaparecidas en los medios de comunicación.
La presidenta del CAA ha explicado que en las situaciones de desapariciones de personas, los medios de comunicación tienen un papel de corresponsabilidad social porque la difusión de las noticias y de datos relevantes puede contribuir a que la ciudadanía ofrezca pistas que puedan ayudar al esclarecimiento de los casos. Por ello, la información sobre personas desaparecidas “debe ser rigurosa, respetuosa y útil, alejada del sensacionalismo”, ha asegurado.
Más allá del profuso tratamiento que algunos conocidos casos han tenido en los medios de comunicación, el alcance del fenómeno de las personas desaparecidas es aún muy desconocido. El año pasado se registraron en España 21.000 denuncias por desapariciones de personas. Precisamente, un foro organizado por la Fundación QSD Global el pasado mes de noviembre en Madrid, en el que participaron profesionales de la comunicación, familiares de desaparecidos y representantes judiciales y de la Policía, tuvo como primera conclusión la necesidad de de hacer visible ante la sociedad la problemática de las personas desaparecidas y de sus familias, de modo similar a como se ha hecho respecto de problemas de gran relevancia como la violencia de género.