Los profesionales que trabajan en esta empresa prestadora de servicios públicos, como responsables de la televisión  municipal, han denunciado las lamentables circunstancias que han soportado durante  años y el futuro grave que se les presenta con un recorte en los presupuestos para 2018  que harían inviable la actividad, al no cubrir los costes fijos para la prestación del servicio

De hecho, se les ha anunciado que no hay presupuesto para afrontar las nóminas de  noviembre, diciembre y la paga extraordinaria de 2017. Los trabajadores han hecho públicas sus reclamaciones a través de un comunicado y un  vídeo explicando la gravedad de la situación y la insostenibilidad del proyecto que el  Ayuntamiento ha puesto encima de la mesa.

 Desde el Colegio se va a pedir explicaciones al equipo municipal, liderado por la  alcaldesa de la localidad onubense de Almonte, Rocío Espinosa, del grupo socialista. La  labor que realizan los profesionales de la televisión municipal es un servicio público  indispensable para la comunidad y viene siendo reconocido por la propia Junta de  Andalucía que premia desde hace cuatro años la comunicación local o de proximidad  que se hace en la Comunidad.

La decana del Colegio, Eva Navarrete, ha recordado que  el Gobierno socialista se ha comprometido a exigir el cumplimiento de unas cláusulas  sociales a los terceros con los que contrata, referentes, entre otros temas, al respeto a  los derechos laborales de los trabajadores, salarios y condiciones dignas y por tanto  “deben ser primero las administraciones quienes cumplan con estos principios que  exigen a empresas privadas”. Un derecho básico e indiscutible es el de cobrar por el  trabajo prestado y recuerda que “el impago o el retraso de las nóminas a los  trabajadores es además una infracción muy grave según la Ley sobre Infracciones y  Sanciones en el Orden Social” pudiendo derivarse, en caso de denuncia ante la Inspección de Trabajo, multas de hasta más de ciento ochenta mil euros en su grado  máximo.

La información es un derecho fundamental de la ciudadanía y, para poder garantizarlo,  las administraciones han de procurar que los profesionales que lo prestan gocen de unas  condiciones laborales y de estabilidad en el empleo suficientes como para no ver  condicionada esta prestación o que ésta pierda calidad.

La empresa Doñana Comunicación se dedica, según la información de la propia web del  Ayuntamiento, a ofrecer “servicios de radiodifusión, servicios de enlace y transmisión de  señales de tv” y su objeto social es “la gestión de medios públicos del Ayuntamiento de  Almonte y la prestación de servicios de comunicación en general”. Cuenta con un  Consejo de Administración formado por 9 miembros entre consejeros, secretario y  presidente (4 del PSOE, 3 del PP, 1 de IU y 1 de Podemos). En la empresa son un total de 8  trabajadores.