Según el Colegio de Periodista de Andalucía, la Corporación local supedita el pago de las nóminas al visto bueno de los contenidos que se emitan, poniendo en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía y atentando contra el pluralismo y la independencia que tienen obligación de garantizar

El Ayuntamiento de Almonte ha comunicado a la dirección de DOCOSA, empresa que gestiona la televisión municipal de esta localidad onubense, el plan de pagos a emitir por la tesorería municipal durante este 2018; una información relevante para los trabajadores que a finales de 2017 sufrieron retrasos en el cobro de sus nóminas y vieron peligrar sus puestos de trabajo.

En nota publicada en la web del Ayuntamiento, “en 2018, Docosa tendrá que destinar obligatoriamente sus fondos públicos al pago de las nóminas de los trabajadores y al gasto de funcionamiento de la televisión”. Sin embargo, el documento firmado por la alcaldesa Rocío Espinosa de la Torre, incluye una serie de cláusulas y condiciones para liberar el pago de las cantidades consignadas para la televisión, es decir, para el pago de las nóminas, que afectan de lleno a las garantías de independencia y pluralismo que deben regir el funcionamiento de una televisión pública municipal.

Concretamente, el documento detalla aquellas condiciones que determinarán el pago de las cantidades dedicada, entre otros conceptos, a las nóminas: “publicación de las convocatorias y notas de prensa emitidas por otras entidades relacionadas con el municipio; grabación y emisión de las convocatorias anteriormente referidas; promoción de acciones y actividades que partan de estas entidades, cuando cuenten con un objetivo social y/o cuenten con el visto bueno del Ayuntamiento; emisión de copias y publicación en redes sociales de los contenidos que se consideren, con el visto bueno del Ayuntamiento; retransmisiones en directo de actividades y eventos de interés general, con el visto bueno del Ayuntamiento”.

De hecho, la propia alcaldesa, en declaraciones a la televisión municipal tras reunión de Junta de Gobierno, manifiesta que “a partir de este momento, sí vamos a censurar y a denunciar todos los contenidos de la televisión pública que atenten contra lo establecido en los estatutos”.

 Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía consideran que estas condiciones y la evidente injerencia del Ayuntamiento sobre los contenidos que debe o no emitir la televisión municipal pueden vulnerar los principios constitucionales del derecho a la información y la libertad de expresión en que se inspira además nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía. A lo largo de su articulado, el texto autonómico establece que “los poderes públicos de Andalucía velarán, … por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente los referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente, veraz y plural” ; e igualmente recoge que “Los medios audiovisuales de comunicación, tanto públicos como privados, en cumplimiento de su función social, deben respetar los derechos, libertades y valores constitucionales”; y en el mismo sentido se establece en el artículo 211 que “Los medios de comunicación de gestión directa por la Junta de Andalucía y las Corporaciones locales orientarán su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso,  los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad”

Condicionar el presupuesto a la aprobación de contenidos por parte de la Corporación municipal, obviando otros criterios como los de pluralidad y neutralidad informativas que deben primar en una televisión pública, va en contra del derecho de los ciudadanos a estar libremente informados y los limita a recibir aquella información que la corporación municipal, filtre y decida en cada caso.

 El Colegio de Periodistas de Andalucía tiene entre sus funciones las de “garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática” y “La defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos. Por ello, exigirá al Ayuntamiento que modifique el acuerdo y elimine dichas condiciones de pago preservando así los derechos de la ciudadanía a través de un periodismo independiente.

El CPPA recuerda a los trabajadores y trabajadoras que pueden solicitar la actuación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo a través de la presentación de su queja y  al Ayuntamiento que puede acudir al Consejo Audiovisual de Andalucía si considera que existe un uso partidista o inadecuado de la televisión municipal, como ha denunciado.