La presidenta de la FAPE, Elsa González, y Esther González, magistrada de la Audiencia Provincial zamorana, protagonizan la jornada formativa organizada por la Asociación de la Prensa local

“Atenta contra el derecho a la información”. Con esas palabras valoraron la Ley de Seguridad Ciudadana, tanto la presidenta de la FAPE, Elsa González, como la magistrada de la Audiencia Provincial de Zamora y profesora de Derecho Procesal y Penal en la UNED, Esther González durante la Jornada Formativa organizada por la Asociación de Periodistas de Zamora (APZ). No compartieron un criterio tan uniforme a la hora de calificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entra en vigor el próximo día 5, y limita la información sobre sumarios de las causas que se investigan.

Periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión de la provincia de Zamora pudieron profundizar en las graves consecuencias que tendrán para el derecho a informar la denominada Ley Mordaza, que se puede aplicar desde el 1 de julio, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tanto la magistrada como Elsa González advirtieron de que ambas normas atentan contra el que es un derecho fundamental, recogido en la Constitución Española, esencial “para garantizar la democracia”, según la presidenta de la FAPE, que destacó que “el derecho a la información está por encima de casi todos, tenemos una responsabilidad enorme, pero sin ese derecho no existe la calidad de la democracia, sin él la información no es veraz y libre y el receptor, el ciudadano, no dispone de todos o casi todos los datos para crecer y generar criterio”. González tildó la “Ley Mordaza” de “auténtica censura, porque no puedes tomar imágenes, ni siquiera obtenerlas,  y depende de la arbitrariedad del policía” el que se aplique o no la sanción.

La presidenta de la FAPE subrayó “las difíciles condiciones en las que se trabaja en desahucios, manifestaciones o detenciones”, puesto que resulta imposible medir la distancia exacta a la que se toma la imagen y el ángulo preciso y las decisiones sobre cómo captar imágenes y captar información se toman en décimas de segundo, sin olvidar el hándicap de que en los medios “trabajamos para ayer”, dada la inmediatez exigida.

Esta Ley Mordaza convierte estos supuestos en infracciones administrativas y no penales, explicó la magistrada de Zamora, de modo que el sancionado es identificado, detenido, llevado a comisaría y denunciado sin poder estar asistido por un abogado. Sólo podrá recurrir la sanción definitiva ante el Juzgado Contencioso.

La FAPE, recordó Elsa González, cuenta con la Comisión de Arbitraje de Quejas y Deontología para resolver esos casos, sin judicializarlos. González apeló, contra estas limitaciones legales, al ejercicio de la profesión, a la “ética y la responsabilidad profesional”, y se mostró en contra de los consejos audiovisuales, muy polarizados por los partidos políticos, que multan, cierran medios y no creen en la autorregulación de la profesión periodística. Esta referencia le sirvió para rechazar frontalmente lo que ha ocurrido en Francia y en Gran Bretaña en las últimas semanas, tras los atentados del terrorismo islamista, con la toma de medidas “atentatorias contra el derecho a la información, implacables y que no ayudan a los ciudadanos, de quienes es ese derecho”.

La presidenta de la FAPE subrayó la existencia del Código Deontológico del Periodista para oponerse a una regulación del ejercicio de la profesión, frente al criterio de la magistrada de la Audiencia Provincial que expresó su “miedo” a los excesos de los informadores.

Por su parte, Esther González se remitió al tratamiento informativo que a veces conculca el derecho a la presunción de inocencia del acusado y lleva a fomentar la condena social antes que la judicial, para insistir en la necesidad de establecer límites dentro de la preservación del derecho a informar a la ciudadanía, esencial en democracia. La magistrada de la Audiencia de Zamora y experta en Derecho Procesal y Penal, advirtió de  que, “de momento, no se prohíbe tomar imágenes, sino difundirlas cuando se ponga en peligro grave a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, su familia, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación policial”, para preguntarse de inmediato: “¿quién decide cuándo se pone en  peligro?”.
La jueza zamorana, que abundó sobre el contenido de las dos leyes, explicó que la Ley Mordaza elimina la presunción de inocencia, al no tramitar las sanciones que afectan a los reporteros gráficos a través del derecho penal y tipificarlas como infracciones administrativas. Además, otorga a las Fuerzas de Seguridad del Estado la presunción de inocencia, es decir, no es quien  denuncia el que tiene que demostrar que se ha cometido la infracción, sino que es el propio denunciado el que debe probar su inocencia. Los periodistas se enfrentan a sanciones administrativas de hasta 30.000 euros por grabar imágenes de manifestaciones, desahucios, concentraciones frente instituciones y parlamentos, si la Policía considera, “bajo su propio criterio”, que se está poniendo en grave peligro la seguridad de los agentes o su familia, las instalaciones o el éxito de una operación policial.

El profesional puede ser identificado, detenido y permanecer 6 horas en los calabozos, se le abrirá un expediente administrativo, es decir, se le niega el derecho a defensa jurídica durante el desarrollo del mismo, puesto que la infracción no se considera penal, y deberá recurrir al Juzgado Contencioso y pagar a un abogado de su bolsillo para recurrir la sanción.
Esther González enmarcó estas reformas como consecuencia de los atentados del 11-M, acción de las plataformas antidesahucios, el activismo social y el 15-M, “todo influye y las modificaciones legales van en la línea por la que van, no es algo que surge de repente”.