La Asociación y el Colegio Vasco  de Periodistas (AVP-EKE y CVP-KEE) lamentan y denuncian que la Delegación del Gobierno en el País Vasco haya “ninguneado” la “sugerencia” de la Defensora del Pueblo de revocar la pena al periodista de la revista  Argia, que Becerril realizó a raíz de las protestas de varias asociaciones, entre ellas la FAPE, en defensa de la Libertad de Información

En un comunicado, ambas organizaciones profesionales vascas recuerdan que, el 3 de marzo de 2016, López colgó en Twitter una imagen de la detención en Eibar de Naroa Ariznabarreta por no acudir a la vista en la que se la juzgaba por un corte en la AP-8 en protesta por la ilegalización de Segi, en 2007.

En virtud de la llamada “Ley Mordaza” la Delegación del Gobierno le impuso una multa de 601 euros por publicar la imagen “sin autorización” argumentando que en ella era “posible la identificación de los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar su identificación pública”.

A raíz de las protestas de diversas organizaciones profesionales de periodistas como la FAPE, la Asociación Vasca de Periodistas, el Colegio Vasco de Periodistas  y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, realizó la «sugerencia» de  revocar la sanción de 601 euros impuesta al periodista de Argia, al entender que las sanciones deben responder al «principio de proporcionalidad» y mostrar «una motivación suficiente», algo que a su juicio no ocurría en este caso.

“La Delegación del Gobierno español ha ninguneado la petición de la Defensora del Pueblo, y la AVP-EKE y el CVP-KEE denuncian, una vez más, esta ley que  pone a los periodistas y a los medios en general, así como a los fotorreporteros en particular, en una situación de total vulnerabilidad jurídica a la hora de realizar su trabajo de informar,  un derecho colectivo,  que prevalece al derecho individual.

Los profesionales de la información ya contamos con medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos deontológicos, así como la propia legislación vigente que contempla medidas y penas suficientes ante casos semejantes y no son necesarias nuevas “vueltas de tuerca” a la libertad y a los derechos de los ciudadanos  que nos retrotraen a los años de la dictadura.

La “Ley Mordaza” es un ataque directo al derecho de información y, por tanto, a la labor que desarrollamos los profesionales de los medios de comunicación, por lo que exigimos su retirada inmediata”, concluye el comunicado.