La FAPE se suma a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, repudia este crimen y demanda que sea investigado aplicando el protocolo específico para ataques contra la libertad de expresión
Fotografía: twitter @ONUDHmexico
Luis Martín Sánchez Iñíguez, de 59 años, había desaparecido en Tepic, Nayarit, el 5 de julio y su familia sospechaba que había sido secuestrado. De su casa faltaba su ordenador, un disco duro externo y su credencial de corresponsal del diario La Jornada. En el este municipio fueron secuestrados la misma semana y posteriormente liberados Osiris Maldonado, diseñador gráfico de La Jornada, y Jonathan Lora Ramírez, colaborador de varios medios locales.
Según las autoridades, el cuerpo del comunicador asesinado fue encontrado, 3 días después de su desaparición, dentro de una bolsa de plástico, maniatado y con un mensaje, que no ha sido revelado a los medios de comunicación, clavado con un cuchillo en el pecho, lo que confirmaría que su muerte está relacionada con su labor periodística. Luis Martín Sánchez Iñíguez es el tercer corresponsal de La Jornada asesinado en los últimos años, tras de los crímenes de Miroslava Breach en marzo de 2017, y Javier Valdez en mayo del mismo año. Con él, ya son cuatro los periodistas asesinados en México en lo que va de año.
En un comunicado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de México expresó su condena a este nuevo asesinato y agregó que “demanda al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y a la Fiscalía del Estado brindar protección inmediata a la familia de Luis Martín y coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR) de México para llevar a cabo las investigaciones, bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”.
La FAPE se une a la Federación Internacional de Periodistas que acompaña las demandas del SNRP, organización también afiliada a la FIP, y repudia enérgicamente esta nueva oleada de violencia que azota a Nayarit en particular y a México en general. La falta de garantías para que los periodistas ejerzan su labor de manera segura, daña de manera sistemática a la libertad de expresión y al derecho a la información del pueblo mexicano y por lo tanto afecta a la democracia. Es por esto que es imprescindible que los poderes del Estado intervengan de manera urgente y coordinada para prevenir nuevos crímenes y evitar la impunidad. La vida de miles de trabajadores de prensa del país depende de ello.
