La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) apoya la petición pública del secretario de Acción Social de laFederación Nacional de Asociaciones de Periodistas y Editores de México (FENAPEM)y presidente deSOS Discriminación Internacional Querétaro, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, en su solicitud a todos los Congresos Locales del país para que impulsen y aprueben la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, siguiendo la pauta de laaprobada el mes pasado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La FAPE coincide con Ramos Gutiérrez en la necesidad de que esa ley sea “una Ley Integral que no sólo contemple la implementación de medidas urgentes de prevención y protección de periodistas, fotógrafos y comunicadores, también debe contemplar la comunicación como un derecho humano fundamental e incluir el acceso a un salario justo, una vivienda, servicios de salud dignos, capacitación constante y seguro de vida para ellos y sus familias”.La Federación Asociaciones de Periodistas de España considera también que las leyes estatales mexicanas deben sancionar más severamente a los funcionarios que utilicen, sustraigan, oculten, alteren o aprovechen información que ponga en riesgo o cause daño a la persona defensora de derechos humanos y periodistas
La petición de un Ley Integral para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México se ha planteado tras losrecientes asesinatosde los fotorreporterosGabriel Huge, Guillermo Luna y Regina Martínezen Veracruz, ante los que FENEPEM y la FAPE exigen de las autoridades mexicanas que esclarezcan los crímenes y eviten que queden impunes, puesto que el Gobierno federal y los estados deben garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y detener la oleada de asesinatos en ese país. Porque cuando asesinan a un periodista o defensor de derechos humanos, también es ejecutada la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia.
Cabe recordar que la República Mexicana se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, tal y como ponen de manifiesto los datos ofrecidos por laComisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)de México que, el pasado 3 de mayo, informó del registro, desde 2005 hasta la fecha, de 79 homicidios y 14 desapariciones de comunicadores, además de 26 atentados a instalaciones de medios en el país. Por ello, representantes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, han afirmado que “la libertad de expresión en México se enfrenta a graves obstáculos”.
