Los informadores, que trabajaban para dos medios colombianos y uno internacional, fueron víctimas de ataques, intimidaciones y daño a equipos por parte de agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con lo informado por Sebastian Cabiativa, del equipo de periodistas de Melodía Estéreo, fue increpado por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá para que dejara de grabar y se retirara del lugar. “Me quitó el equipo y me dijo que me iba a llevar a la UPJ” enfatiza el comunicador que por la intervención de sus colegas logró librarse de la detención.

Juan Pablo Pino de Publimetro aseguró que él estaba debidamente identificado y realizaba el registro de las primeras protestas cuando un agente que no tenía identificaciones visibles le dijo que no podía grabar porque no había sido autorizado. Acto seguido, dos policías le sujetaron y entre los tres le arrinconaron y empezaron a indagar los motivos de la filmación. “Se acerca un funcionario de la Defensoría del Pueblo y les pide que se calmen. Ellos me toman los datos, me toman fotos y me dicen que eso es una reseña y que eso es normal. Luego de este primer suceso, las protestas se intensifican y cuando veo al hombre que me ‘reseñó’ le tomé fotos y me dijo que no me buscara problemas”.

La tercera situación de agresiones fue la recibida por el periodista del medio internacional Rupty, Ernesto Mercado quien declaró que su cámara fue golpeada por los agentes y que había logrado evitar lesiones físicas por parte de los mismos. El video de agencia EFE muestra la fuerza usada contra manifestantes y contra el periodista.

En agosto de 2016 la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), ya registró dos agresiones en la capital colombiana que con los nuevos hechos alertan acerca del respeto y conocimiento de las autoridades al derecho a la libertad de información.

Ante estos hechos, la Fecolper exige las correspondientes acciones disciplinarias y recuerda al Estado su deber de garantizar el trabajo periodístico y el flujo libre de información que incluye las actuaciones de los servidores públicos pertenecientes también a las autoridades militares y de policía, como lo consignan las relatorías de la ONU y la OEA