La Federación considera que ese mecanismo es la vía más apropiada para garantizar la pluralidad e independencia de la Corporación
La FAPE respalda la petición realizada por el Consejo de Informativos de TVE de realizar el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) mediante un concurso público de méritos y, para ello, solicita el mayor consenso posible para su desarrollo. La Federación considera que este mecanismo es la vía más apropiada para garantizar la pluralidad e independencia de la Corporación, salvaguardar la dignidad de los profesionales de RTVE, dar mayor equilibrio y avanzar en la estabilidad futura de la casa. En ese sentido, lamenta que no se haya buscado un entendimiento entre los grupos políticos antes de desarrollar el real decreto.
La FAPE, que ya suscribió una declaración conjunta junto a un centenar de organizaciones e instituciones el pasado 9 de mayo con esa petición, exige que este proceso de elección se extienda también a los medios públicos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
La fórmula del concurso público está vigente desde 2017, aunque, tras una interpretación de los letrados de las Cortes, en 2019 se permitió que cuatro partidos (PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV) efectuaran la elección ignorando los resultados de los aspirantes presentados al concurso. La decisión generó malestar entre los profesionales de RTVE, el mundo académico y las organizaciones periodísticas y sociales que habían promovido y apoyado el concurso.
La FAPE, asimismo, reprueba que el Gobierno haya incurrido en el mismo error que cometió el PP en 2012 cuando modificó la ley para permitir la elección en segunda vuelta por mayoría absoluta y no cualificada. En esta ocasión, el Gobierno amplía de 10 a 15 el número de integrantes del consejo (el Senado continuará eligiendo cuatro y el Congreso, 11) y establece una prestación económica en régimen de incompatibilidades en lugar de una dieta por cada reunión. Parece cabal, en todo caso, que se fije un mandato único de seis años, lo que impide que coincida con las legislaturas.