Tras el rechazo y denuncia pública a estas convocatorias de la Asociación de la Prensa de Sevilla, respaldado por la FAPE
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha anunciado hoy la retirada de los expedientes de contratación del Servicio de Gabinete de Comunicación y Prensa de las delegaciones territoriales de Sevilla y Cádiz y la paralización de expedientes similares en el resto de las provincias andaluzas. Tras el rechazo y denuncia pública de la Asociación de la Prensa de Sevilla de esta convocatoria, respaldado por la FAPE, por considerar denigrantes y precarias las condiciones laborales y salariales ofertadas en el contrato, responsables de la Consejería se han comprometido a modificar y revisar tanto la retribución como las funciones a desempeñar, aunque insisten en que el contrato menor publicado responde a una “consultoría técnica” y no a un servicio permanente.
No obstante, el pliego de prescripciones técnicas publicado por la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación no hace referencia, en ningún caso, a que se trate de un apoyo puntual al Servicio de Gabinete de Comunicación y Prensa, sino al desempeño del servicio en sí, tal y como recoge el punto 2 del pliego de condiciones. Unas funciones cuyo importe máximo previsto es de 14.900 euros anuales y que, para la adecuada prestación del servicio, la persona seleccionada habrá de aportar los medios materiales, técnicos y profesionales propios.
Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Sevilla pidió en la tarde de ayer a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la retirada de este expediente y que convocase, mediante un concurso de oposición público, una plaza de periodista, dado que, por lo que se desprende del pliego de prescripciones técnicas, se trata de cubrir un puesto estructural de técnico de Comunicación en la delegación; o, en su defecto, que se redactara un nuevo pliego de condiciones que contemplara, como corresponde, una dotación económica acorde a las prestaciones que se han de desempeñar y a la categoría profesional de periodista. Esta petición fue asumida y respaldada por la FAPE.